Los retrasos en la liquidación de contratos disparan los costes: los

Los retrasos en la liquidación de contratos públicos están generando sobrecostes millonarios en Marruecos. El Consejo Superior de Cuentas ha iniciado una serie de inspecciones en los departamentos de compras y contratación de 17 instituciones públicas, empresas estatales y sus filiales para analizar los expedientes de contratos que llevan meses, e incluso años, sin resolverse. A pesar de que las obras y servicios objeto de estos acuerdos ya han sido ejecutados, los pagos a contratistas y acreedores siguen pendientes, incumpliendo los plazos legales establecidos.

Esta situación no solo ha generado un acumulación de deudas, sino que ha derivado en conflictos judiciales que han encarecido aún más el coste final para las arcas públicas. Según fuentes cercanas a la investigación, citadas por el medio Hespress, los auditores se centran en evaluar las pérdidas financieras derivadas de la falta de resolución oportuna de estos expedientes. Muchos de estos casos, que inicialmente eran disputas administrativas resolubles, han escalado a litigios judiciales prolongados, lo que ha supuesto un gasto adicional para las instituciones involucradas.

Los inspectores examinan, en concreto, las responsabilidades administrativas detrás de estos retrasos, así como las causas que impidieron abordar los conflictos en sus fases iniciales, antes de que se convirtieran en disputas legales. Una de las líneas de investigación clave es determinar si los responsables de las áreas de compras y contratación agilizaron indebidamente la vía judicial, sin agotar primero las opciones de mediación y resolución amigable previstas en la normativa.

Los auditores revisan si se respetaron los procedimientos legales y administrativos para gestionar las discrepancias con los contratistas, especialmente en aquellos casos en los que existían margenes para un acuerdo extrajudicial. Además, se analiza si las instituciones públicas agotaron todos los mecanismos legales y administrativos disponibles para resolver los conflictos antes de recurrir a los tribunales, como el estudio de las reclamaciones presentadas por las empresas, las respuestas a las comunicaciones y quejas, o la resolución de observaciones técnicas y contables.

Otro aspecto crítico es el cálculo del coste adicional que han supuesto estos retrasos. Los auditores comparan las cantidades que deberían haberse abonado a los contratistas en los plazos legales con las sumas que finalmente tendrán que desembolsar las instituciones, una vez acumulados los intereses, compensaciones y gastos derivados de los procesos judiciales. El objetivo es cuantificar el impacto económico de una gestión ineficiente de los contratos y determinar hasta qué punto decisiones administrativas precipitadas o retrasos injustificados han contribuido a inflar el coste final.

Auditoría exhaustiva de contratos públicos

Las inspecciones también abarcan un seguimiento exhaustivo del ciclo completo de los contratos, desde su adjudicación y la definición de las obligaciones contractuales, pasando por la ejecución de las obras o servicios, hasta la aparición de disputas y los problemas en los procesos de liquidación y pago.

Los auditores examinan actas de las comisiones de contratación, la correspondencia entre las instituciones públicas y los contratistas, las órdenes de servicio, los certificados de recepción, las facturas y los documentos de liquidación, así como las decisiones adoptadas por los departamentos competentes. Todo ello se contrasta con los procedimientos y normativas vigentes para identificar desviaciones o incumplimientos.

Uno de los hallazgos más preocupantes es el retraso en la tramitación de las reclamaciones de los contratistas, vinculadas a obras y servicios ya ejecutados y cuyos pagos están pendientes de liquidación. Los inspectores han detectado que, en muchos casos, la congelación de estos expedientes se debe a observaciones y reservas administrativas que podrían haberse resuelto en su momento, en lugar de permitirse que se acumularan y derivaran en conflictos judiciales.

Además, se analiza si se han respetado los plazos legales para la resolución de estos expedientes y en qué medida estos retrasos han complicado su situación. El Consejo Superior de Cuentas, como máxima institución de control financiero en Marruecos, tiene como misión velar por la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos. Su intervención en este caso refleja la gravedad de la situación y la necesidad de depurar responsabilidades para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Medidas para evitar retrasos burocráticos

Las conclusiones de estas inspecciones podrían llevar a la adopción de medidas correctivas, así como a la implementación de protocolos más estrictos para la gestión de contratos públicos, con el fin de agilizar los procesos de liquidación y evitar el encarecimiento de los proyectos por mor de la burocracia. Este caso pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan las instituciones públicas en Marruecos en materia de gestión contractual, donde la falta de agilidad administrativa puede tener consecuencias económicas graves.

Además, subraya la importancia de contar con mecanismos eficaces de resolución de conflictos que eviten la judicialización de disputas que, en muchos casos, podrían resolverse mediante negociación o mediación. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar una gestión pública eficiente y responsable, especialmente en un contexto en el que los recursos son limitados y cada dirham cuenta. El proceso de auditoría sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas se publiquen los primeros informes con las conclusiones y recomendaciones específicas.

Estas podrán incluir desde la depuración de responsabilidades hasta la propuesta de reformas normativas para agilizar los procesos de contratación y liquidación en el sector público. Mientras tanto, las instituciones afectadas tendrán que enfrentar no solo el coste económico de estos retrasos, sino también el escrutinio público y la posible pérdida de confianza por parte de los contratistas y la ciudadanía.

Con información de Hespress.

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